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Por estos días se cumplen 10 años de la anulación en el Congreso Nacional de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida, punto de partida para retomar los juicios contra represores que actuaron durante la última dictadura cívico-militar. La iniciativa surgió de la ex diputada de Izquierda Unida Patricia Walsh, quien presentó el primer proyecto en el recinto con el aval y apoyo de los diferentes organismos de DD.HH. que durante tantos años lucharon para hacerlo realidad.  Por supuesto que a estos actores hay que sumar la voluntad política de Néstor Kirchner, que desde su gobierno impulsó las políticas de Memoria, Verdad y Justicia transformándolas en un tema de estado.

Según las estadísticas que publica la Unidad Fiscal de la Nación, al mes de Agosto de 2013, son 440 los represores condenados en esta última década “reparadora”. Seguramente son muchas más las condenas que faltan, al igual que las investigaciones sobre las complicidades civiles, pero estamos convencidos que el mejor homenaje que le podemos realizar a nuestros compañeros desaparecidos es el de profundizar este camino.

“Justicia, inclusión social y hermandad de los pueblos latinoamericanos”, es el legado y el sueño que hoy se está materializando en nuestra patria, y donde los 30.000 están más presentes que nunca.

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